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ESTUDIO REGIONAL SOBRE NORMATIVIDAD

El concepto de normatividad local en la gestión de los recursos naturales puede definirse como el conjunto de acciones desplegadas por las comunidades campesinas, encaminadas a normar el uso y acceso a los recursos naturales. También incluye iniciativas de municipios dirigidas a regular temas ambientales, mediante mecanismos tradicionales como las ordenanzas municipales.
Con base en diferentes iniciativas en los Andes, INTERCOOPERATION realizó un estudio ejemplificando tres casos en Ecuador, Bolivia y Perú las experiencias de normatividad local y su vinculación con otros niveles de decisión.

Los principales aprendizajes del estudio son:

1. El origen de la normatividad

• El punto de partida de los procesos de normatividad local es la existencia de un tejido de relaciones entre actores públicos y privados de un territorio.
• Los procesos exitosos de normatividad local surgen en escenarios donde la ley es insuficiente y no cuenta con los instrumentos adecuados para la gestión de los recursos naturales. La cuestión debe centrarse en la búsqueda de mecanismos que permitan integrar los aprendizajes de los procesos de normatividad local a una agenda de nivel nacional.

2. Las normas como alternativas de gestión de recursos naturales

• Las normas locales de las comunidades o de los gobiernos locales son una alternativa viable para frenar el deterioro de los recursos naturales en el ámbito local; no obstante, deben acompañarse de un apoyo técnico que tenga en cuenta el aprovechamiento del capital natural disponible en un territorio determinado. De igual manera, las normas deberían ir de la mano de los planes de manejo y de los planes de ordenamiento territorial.
• En el caso de los territorios que no cuentan con tierras comunales o con una organización comunitaria fuerte sino con propietarios privados del bosque, la ordenanza municipal aparece como el instrumento de gestión y de control adecuado.
• Las normas que buscan la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales aseguran -de esta manera- los servicios ambientales y los factores de producción (agua, suelo, bosque) de la población rural y son uno de los elementos que permiten mejorar sus condiciones de vida.
• Las normas nacionales y locales surgen en atención a un recurso natural en particular -agua, suelo, biodiversidad- pero en el caso de las locales su elaboración finaliza en un tratamiento integral de los recursos naturales.

3. La normatividad como fuente de empoderamiento

• Las normas elaboradas de manera consensuada y participativa fortalecen el empoderamiento de los actores sociales y la inclusión de todos los grupos de las comunidades, así como la superación de conflictos entre grupos de interés.
• La normatividad local también permite el fortalecimiento de las organizaciones de base y de los gobiernos locales en sus nuevas atribuciones para la gestión ambiental.
• El grado de aplicación de la normatividad local es mayor gracias a la concientización de la población, la toma de decisión compartida y el control social .

4. El proceso de normatividad

• Los procesos de normatividad son largos y deben pasar por una serie de etapas para asegurar el consenso, que permite una mejor aplicación y seguimiento de la norma. También cabe subrayar que es fundamental revisar y reactivar las normas con cierta frecuencia para actualizarlas en la agenda de los actores locales.
• La aplicación sostenible de las normas no está comprobada. Es necesario analizar qué podría suceder cuando finalice el apoyo institucional. De igual forma, las ordenanzas municipales están sometidas a los cambios de autoridades y si bien las normas no pueden desaparecer, su aplicación y seguimiento depende mucho del interés del gobierno de turno y de la presión de la sociedad civil.